Disparen contra los cuadernos: ¿en qué está la causa que sacudió a la política hace más de tres años?

Cerca de 160 defensas apuntan contra uno de los juicios de corrupción más emblemáticos de los últimos años

Diego Cabot

LA NACION

La causa está bajo fuego. Cerca de 160 defensas apuntan contra uno de los juicios de corrupción más emblemáticos de los últimos años. Por ahora, el andamiaje probatorio de cuadernos luce sólido y hasta se ha fortalecido en los últimos tiempos. Sin embargo, las últimas noticias judiciales ilusionan a no pocos de los 152 procesados, especialmente el “by pass” que tendió el tribunal oral para evitar el debate oral en la causa de Hotesur y Los Sauces.

Preguntar por cuadernos en el Poder Judicial lleva inmediatamente a referencias procesales, y claro, políticas. “El proceso avanza lento. Eso esconde una buena y una mala noticia. La buena es que avanza; la mala, que va más lento de lo que podría”, se sinceraba una fuente que conoce de cerca las fojas que preocupan al llamado “club de la obra pública”.

Ha quedado lejos aquel 1° de agosto de 2018 cuando, ni bien amanecía, la sociedad conoció varios allanamientos y detenciones de lo que posteriormente se bautizó como la causa de los cuadernos. A casi tres años y medio, decenas de cuerpos de 200 fojas cada uno que conforman la parte escrita del proceso esperan que empiece el juicio oral para que un tribunal resuelva quién es culpable, en su caso, de cometer qué delito, y quien es inocente.

Y pese al valle procesal en el que transita, en los pasillos de Comodoro Py jamás se detuvo el curso de las pruebas que llevaron al procesamiento de poco más de 152 personas. De hecho, mañana, Roberto Baratta, el expoderoso subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Federal que se presenta en su perfil de Twitter como expreso político, volverá a indagatoria ante el juez Julian Ercolini.

“El llamado a declaración surge a partir de nuevas pruebas que aparecen en la parte residual que quedó en primera instancia. Hay algunos cruces de llamadas que confirman las reuniones que están detalladas en las anotaciones de Oscar Centeno y que merecen la celebración de indagatorias. Es una parte del proceso que surge de los datos que aportó el arrepentido Ernesto Clarens”, dijo una fuente judicial.

Clarens es aquel financista, dueño de Invernes, que entregó, en su momento, un archivo en que constaba el nombre de la empresa que debía pagar el retorno, la licitación de la que se trataba y el importe que entregaba, según datos que le entregaban en Vialidad Nacional. “De esa lista aparecieron hechos nuevos”, aclaró la fuente consultada. Además de Baratta, deberán responder por entregas de dinero al exfuncionario o a dos de sus colaboradores, Hernán Gómez y Nelson Lazarte, Hugo Dragonetti y su hijo, también llamado Hugo, Alberto Tasselli, Jorge Balán, Claudio Glazman, Claudio de Lassaletta, Mauro Guatti y Fernando Sananez.

Serán escuchados y seguramente, la mayoría, procesados. En rigor, todos menos uno, Hugo Dragonetti (hijo), ya lo están, por lo que sumarían algunos cargos más por hechos nuevos.

Después de esta ronda, seguramente en febrero, en el juzgado evalúan otra ronda de indagatorias a todo el espinel de prestanombres y gestores que reportaban al exsecretario Daniel Muñoz. Aquellas compras de inmuebles en el exterior por US$70 millones, cuyas propiedades están embargadas por la Justicia, todavía producen novedades que ameritan que los más de 15 procesados en esa causa regresen a explicar algunas conductas ante la Justicia.

Ahora bien, en medio de enormes discusiones procesales y fallos que ganan titulares, la pregunta que siempre se escucha es: ¿En qué está la causa de los cuadernos?

Formalmente, el proceso no es uno, sino que son varios. La original, la causa madre, tiene el número 9608/2018. En ese núcleo es donde se cuentan 47 imputados, entre ellos Cristina Elisabet Fernández, tal como se la llama en los expedientes, Julio De Vido, Roberto Baratta, además de varios de sus colaboradores y decenas de empresarios, tanto de los que están sindicados como organizadores de la asociación ilícita como de aquellos que llevaban dinero de obras o contratos.

Roberto Baratta, el expoderoso subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Federal, volverá a indagatoria ante el juez Julian ErcoliniRICARDO PRISTUPLUK

Luego se sortearon otras causas que empezaron a caminar en paralelo. La más grande es la llamada “Camarita”. En ese expediente se ventila la cartelización en la obra pública, especialmente la obra vial, y se nutrió de las confesiones de Clarens y del expresidente de la Cámara de la Construcción y dueño de Esuco, Carlos Wagner, el “Alemán”, como lo apodaban.

El hombre, que se recluyó después de aquella confesión, contó cómo era el esquema de devolución: “El anticipo financiero iba entre el 10 y 20% del total de la obra. Deducidos los impuestos, el compromiso era entregar la totalidad restante del anticipo financiero a modo de retorno. En las obras sin anticipo, se establecían montos equivalentes que se pagaban en los primeros tres certificados de obra. Quiero dejar claro que mi empresa Esuco no estaba exceptuada de ese mecanismo. Mi función era garantizar que el señor que ganaba la licitación les pagará”, dijo Wagner.

Aquellas declaraciones, sumadas a los archivos que aportó Clarens, generaron el expediente “Camarita”, que lleva el número 13.816/2016 y tiene 52 acusados, entre empresarios y funcionarios.

El expediente “Muñoz” es el que se compone de las declaraciones, confesiones y pruebas que llegaron al expediente desde Estados Unidos y que confirman la expansión económica del secretario. Tiene el número 17459/2018 y se investiga lavado de dinero. Hay al menos 15 imputados, entre testaferros y profesionales que intervinieron en las operaciones.

La causa 13820/2018, llamada “Trenes”, tiene seis imputados y está compuesta de las declaraciones de Aldo Roggio, concesionario de Metrovías, y Gabriel Romero, de Ferrovías y la Hidrovía. Ambos confesaron haber pagado coimas. El primero, dijo que devolvía 5% de lo que cobraba en concepto de subsidios; el segundo, que pagó 600.000 dólares para que le prorroguen la concesión de dragado del río Paraná.

Cristina Kirchner es una de las 47 imputadas en la causa originalMarcos Brindicci - AP

Otro proceso es “Peajes”, conformado después de varias declaraciones de empresarios, pero especialmente luego de que Claudio Uberti, el extitular del Occovi, órgano de control de las concesiones viales, contase cómo recaudaba dinero de las concesionarias para entregárselo a Néstor Kirchner. Lleva el número 18.580 y tiene 10 imputados.

Finalmente, hay tres más. La causa 10.456/2014, conocida como “GNL”, tiene cinco imputados. Y si bien es anterior a Cuadernos, se acumuló a este expediente. Algo similar sucedió con la que es conocida como “Lavado / empleada De Vido”, número 10.119/2016. Se trata de Nélida Caballero, una mujer que trabajaba en el departamento del ex ministro. Está procesada, junto a su hija y su pareja, por lavado de dinero porque no pudo justificar más de 2 millones de pesos. La Justicia dio por probado que el dinero provenía de las coimas acreditadas en la causa Cuadernos. Ninguno pudo probar 10 operaciones entre las que se cuentan compra de autos, camionetas y un cuatriciclo, además de transferencias bancarias millonarias.

El último expediente, con 14 procesados, es el que se instruyó a partir del patrimonio de Fabián Gutiérrez, el exsecretario privado de Cristina Kirchner, asesinado en El Calafate. El hombre había declarado como arrepentido en la causa Cuadernos. Jamás pudo justificar su patrimonio y fue procesado por lavado de dinero de origen ilícito junto a los familiares y conocidos que le sirvieron como pantalla para esconder bienes.

En total, este ramillete de causas tiene 152 procesados. Todos ellos esperan el juicio oral. Si se hace un zoom procesal, el impulso actual lo tiene el Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero y conocido como TOF 7.

"Esta causa ha sido un verdadero desastre ético y funcional”, dice Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido

Aquí empieza el primer tema. Castelli es uno de los jueces desplazados por una iniciativa kirchnerista destinada a apartarlos de sus cargos. El juez planteó una acción ante la Corte y deberá definirse si es apartado o no de la causa Cuadernos. Ahí el primer tema a definir.

Otras cuestiones que están en el máximo tribunal son los recursos que presentaron varias defensas. El más importante es, según coinciden los conocedores de la causa, el que intenta declarar la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, ya presentado y perdido en todas las instancias anteriores. En los pasillos de la Corte le restan importancia. Muestran la jurisprudencia que dice que no funciona como una tercera instancia sino como un tribunal de tribunales. No aventuran una resolución, pero insisten en que el derrotero de estas aventuras procesales no impide que el juicio siga.

“La pelota está en el TOF 7. Nada se tiene que detener por esto que está pendiente en la Corte”, confiaron a LA NACION en uno de los despachos del máximo tribunal. Dos fuentes consultadas coinciden: restan importancia a estos recursos, ponen el acento en la decisión sobre Castelli y trabajan para darle más recursos humanos al tribunal oral. Las señales son inversas a las expectativas de las defensas.

Debajo, en el TOF 7 ya se corrió traslado a la Fiscalía a cargo de Fabiana León para ofrecer prueba en las causas “GNL” y “Transporte”. En esa instancia esperan que en el primer semestre ya se haya ofrecido la prueba de todas las causas conexas a cuadernos. “En ese caso, sólo va a quedar que el Tribunal firme una resolución para que acepte las prueba y fije fecha para el inicio del debate oral”, dicen en esos despachos. Además, se configura la última oportunidad, una más, para que las defensas presenten las excepciones que consideren. Así las cosas, en el mejor de los casos, podría haber fecha de inicio del debate en 2022.

Opiniones, pasiones y trabajo profesional

La causa, como se sabe, generó, y genera, pasiones y posiciones encontradas. LA NACION consultó al abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi. “Mis expectativas en este caso son las mismas que tengo en todos los asuntos profesionales en los que intervengo desde hace ya más de 35 años: que se resuelva conforme a la Constitución y la ley, fuera de toda presión indebida”, dijo. Agregó que su postura jurídica está compilada en un escrito de 122 páginas donde se listan las excepciones que interpuso. En ese corpus, en el que la causa se denomina “fotocopias de los cuadernos”, hay un desarrollo sobre el “fórum shopping”, la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido y nulidad de las declaraciones y la litispendencia (varios juicios por un mismo hecho como asociación ilícita).

Otra es la mirada de María Eugenia Talerico, exnúmero dos de la Unidad de Información Financiera (UIF) en épocas de Cambiemos en el poder. “Las pruebas que conforman el caso, no sólo se sustentan en las anotaciones de Centeno, sino también en las manifestaciones formuladas por varios empresarios y funcionarios públicos en el marco de acuerdos celebrados con el Fiscal Carlos Stornelli y homologados por el juez, donde dieron precisiones del mecanismo instaurado y sus partícipes. También en las diligencias probatorias que fueron producidas a lo largo de la investigación y que permitieron corroborar la existencia de los lugares frecuentados por la organización en la recolección de dinero, los vehículos utilizados por los miembros de la banda y los empresarios que tomaron parte de los pactos venales; incluso, en el entrecruzamiento de las llamadas telefónicas realizadas por los imputados que demostró los vínculos entre sí y sus contactos en las fechas y los horarios en las que ocurrieron los pagos”, dijo.

Otro de los que fue consultado fue Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido: “En mi opinión, cuando más importante es lo que investiga, mayor es la responsabilidad de respetar el debido proceso. Esta causa ha sido un verdadero desastre ético y funcional”, contestó el letrado. “¿Podría haber una solución similar a la de Hotesur y Los Sauces donde no hubo debate oral?”, se le preguntó. “Las salidas previas al desarrollo de un debate oral son posibles. Están previstas en el Código y son una garantía constitucional. Desde ese lugar son posibles. Y también lo son desde lo particular o específicamente relacionado con la causa. Es una causa que, como nunca sucedió, está sustentada, casi con exclusividad, en declaraciones de imputados colaboradores. Nadie controló nada. Nadie contrainterrogó. Prácticamente, no hay testigos autónomos. La principal prueba documental, supuestamente, los Cuadernos… ninguna parte los pudo ver. Desaparecieron durante toda la instrucción y, casualmente, aparecieron cuando la causa ya estaba con Tribunal sorteado. No se pudo trabajar sobre eso. Cuando se corra vista para el ofrecimiento de prueba, esta causa, en principio y seguramente, necesitará una instrucción suplementaria en donde se repare y/o se haga todo lo que la arbitrariedad de Bonadio no permitió en la instrucción. Entre ellas, peritajes sobre los cuadernos, incorporar las declaraciones que los arrepentidos hicieron en escribanías para dejar constancia de cómo fueron los ‘acuerdos’ con la fiscalía”, agrego en una respuesta conjunta con su socio, Gabriel Palmeiro.

LA NACION compiló estas opiniones. Habrá tantas como frentes se consulte. La investigación que hicieron el fiscal Stornelli y el juez Claudio Bonadio, está apuntada por 152 defensas. El juez falleció y el fiscal ya no es el que lleva la causa. Ese ejército de abogados opera contra la fiscal del Tribunal Oral, Fabiana León. Le han apuntado mediáticamente y con todo el Código Procesal Penal.

Las bases parecen fuertes y el andamiaje probatorio está pétreo. Pero el juicio transcurre en la Argentina, donde los cimientos de las instituciones suelen ceder ante la corrosión de la política.

El Gobierno está empecinado en derrumbar la causa. Es uno de sus objetivos. Tiene tiempo y recursos como para intentarlo. Por ahora, le falta poder para descabezar otro Poder, el Judicial. Sólo de esa forma podría barrer con las pruebas que comprometen a sus imputados. (LN)

Diego Cabot