El juicio entre los fondos Burford y Eton por la expropiación de YPF está en proceso de recolección de pruebas. La jueza Loretta Preska, a cargo de la corte del distrito Sur de Nueva York, concedió 90 días más para el “discovery”, el proceso de investigación para obtener documentos importantes para el caso, en una audiencia celebrada el jueves al mediodía. Pero esta vez cuenta con algo adicional: ya hay algunas declaraciones judiciales de la familia Eskenazi sobre el asunto.
Los fondos quieren acortar esa ventana para obtener pruebas, mientras que Argentina pidió que se extienda. Las partes le dieron sus argumentos a Preska y algo sobresale: el nombre de la familia Eskenazi.
Según los fondos, están tan interesados en que declaren en los Estados Unidos, que ya le entregaron a Sebastián Eskenazi (el líder del grupo empresario) una citación judicial para que vaya al tribunal en persona el 1 de marzo. Es para cumplir con una orden de la jueza Preska. Según Argentina, los Eskenazi ya hicieron una aparición en la corte local. Dijeron que no se acordaban o no tenían presentes los datos que les pedían, relacionados con YPF.
Argentina argumenta que lo hecho por los fondos en relación a Eskenazi no es suficiente. Pero ya obtuvo un testimonio de esos empresarios, donde se encontró con “no sé” y “no me acuerdo”, según le explican los abogados a Preska.
La discusión de la audiencia del jueves estuvo basada en la posesión de los documentos de los Eskenazi, relacionados con su participación en YPF. Los fondos dicen que YPF ya posee esos documentos. Argentina refutó que se necesitan permisos especiales para divulgarlos, y que les tomará tres meses lograrlo.
Preska validó el argumento argentino. Pidió que en un mes la pongan al tanto de los avances logrados para que esa documentación ingrese al caso.
La familia Eskenazi, que siempre negó alguna participación en este pleito, se prestó a una declaración. Fue por un pedido de la justicia estadounidense que llegó a la justicia argentina, cumpliendo convenios internacionales de cooperación de la Corte internacional de La Haya.
“El 10 de febrero, cuatro miembros de la familia Eskenazi dieron testimonio ante una corte argentina. Fueron interrogados a lo largo de un solo día (...). Los Eskenazi explicaron que no podían llevar documentos anteriores a la audiencia, porque el tiempo no se los permitió, y propusieron entregar documentación a un tercero (“vendor”, alguien específicamente asignado para esa tarea), le detallan los abogados de Argentina e YPF a Preska.
“La República le pidió a la corte argentina que permita un testimonio adicional una vez que esos documentos estén disponibles, pero la corte negó ese pedido (...). Sin esos documentos para poder recordar las situaciones, los Eskenazi repetidamente testificaron falta de memoria o conocimiento de virtualmente cada aspecto tratado”, dice un documento que el miércoles llegó al despacho de Preska.
“Por la pandemia, los abogados defensores de la Argentina e YPF que residen en los Estados Unidos no pudieron presenciar el testimonio en persona de dos de los testigos, mientras que de otros dos pudieron escuchar el procedimiento de manera ‘virtual’ pero sin poder hacer preguntas”. Todo fue en español y no se permitieron preguntas en inglés de los representantes estadounidenses de Argentina e YPF.
“El limitado testimonio obtenido de los Eskenazi confirma la importancia de obtener una declaración más completa”, argumentan los abogados estadounidenses de Argentina en relación a la declaración.
Burford reclama miles de millones de dólares por la expropiación de YPF. El fondo se quedó con los derechos para litigar de Petersen Energía (originalmente de los Eskenazi), que llegó a tener hasta un 25% de YPF antes de ser expropiada.
Cuando se expropió el 51% de YPF, el Estado debió realizar una oferta por el 49% restante, según los fondos. El fondo Burford que hoy maneja Petersen Energía esgrime que deben compensarlo por miles de millones de dólares (entre 2.500 y 14.000 millones) porque esa sociedad -que tuvo el 25% de YPF- no recibió compensación.
“Tomamos la decisión de no litigar contra Argentina”, explicó Sebastián Eskenazi a la corte argentina. Por esa razón, no habría preservado documentos en un caso de expropiación, explicó el empresario.
En 2015, Burford compró el derecho a litigar de Petersen contra Argentina. “Sebastián Eskenazi fue claro en que en ningún momento nadie del lado de los querellantes -los Eskenazi, los litigantes en nombre de Petersen o Burford- tomaron algunos pasos para asegurarse documentación relacionada con la decisión del grupo Petersen (en ese entonces, completamente de los Eskenazi) de no accionar contra la Argentina, o de cualquier otro asunto relacionado con la inversión de los Eskenazi en YPF fuera preservado para que se pueda presentar en un juicio en los Estados Unidos”, cuenta Argentina sobre el testimonio del empresario.
Eskenazi dijo no estar seguro si existía alguna política para preservar los correos electrónicos u otros documentos relacionados con la operación. “Expresó su voluntad de cooperar”, agregan.
Según Argentina, el reclamo actual de Petersen conoce que, según la ley argentina, no hay nada para reclamar, ya que Argentina saldó el asunto (con Repsol) a través de un arreglo de US$ 5.000 millones. (Clarín)
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