Víctor Laplace, procesado en la causa por irregularidades en el INCAA

Un comunicado del organismo, que está bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación, especificó: “El día 11 de mayo de este año comenzó́ a circular una denuncia anónima, en la que se manifestaba que entre enero y abril del año en curso se habrían malversado fondos del Incaa por 6.487.600 pesos en gastos de imprenta originados en requerimientos de la gerencia de relaciones internacionales, y se adjuntaban quince expedientes con las facturas y un listado de funcionarios y proveedores involucrados”.

El comunicado continúa diciendo: “El correo fue remitido de inmediato por las autoridades del Incaa a la Unidad de Transparencia Institucional (UTI) creada por esta gestión para asistir en la implementación de políticas activas de integridad, transparencia, detección y control de hechos de corrupción”, que elevó un informe preliminar verificando la denuncia.

Agrega: “Puntualmente, el informe destaca que se habrían realizado gran cantidad de contrataciones directas con el mismo objeto, originadas todas en el mismo sector requirente, en un breve período de tiempo y por montos inferiores a 500.000 pesos, en las que se habría eludido la celebración de licitaciones, sustrayéndolas del control de las autoridades superiores”, que, añade, “eludieron la gerencia de asuntos jurídicos”.

A continuación algunos párrafos de la larga nota que se puede leer completa aquí:

El magistrado, además de los funcionarios públicos, procesó entre los productores, al exdiputado nacional porteño Julio Raffo y los empresarios Diego Guebel (fundador de Cuatro Cabezas junto a Mario Pergolini), Fernando Sokolowicz (a quien fuera dueño del diario Página/12, le fijaron un embargo por 19.000.000 pesos), y al actor Víctor Laplace, entre otros.

Por la maniobra fueron procesados también el ex rector de la Universidad de San Martín Carlos Ruta, el ex rector de la Universidad de Lomas de Zamora Horacio Gegunde y la rectora de la Universidad Nacional de Lanús Ana Jaramillo.

En tanto el rector de Universidad Nacional de Tres de Febrero Aníbal Jozami y el ex rector de la Universidad de San Martín Daniel Malcom recibieron una falta de mérito.

Peritajes

En el expediente se hicieron dos peritajes contables por parte del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de la Nación en los que se determinó que no había un sistema transparente de rendición de los gastos de los films que se hacían mediante los subsidios llamados 3-J. La investigación se hizo originalmente sobre 189 subsidios 3-J, que la presidencia del Incaa otorgaba discrecionalmente para solventar entre el 40 por ciento y 60 por ciento de los costos de algunos films. Quedó demostrado que esos subsidios se daban sin demasiados requisitos y se controlaban poco. Por lo que en algunos casos el Incaa abonó varias veces el costo que se había planteado en el presupuesto de la película.

En la resolución de Bonadío que tuvieron acceso los medios capitalinos señala que “por eso, se deberá tener muy presente que la presidencia del Incaa -responsable en definitiva del mecanismo administrativo y de los controles que correspondía aplicar en resguardo del patrimonio- que estuvo en cabeza de los funcionarios cuya situación hoy se resuelve, decidió durante años entregar (liberar) sumas de dinero hasta completar el total comprometido -y suscribiendo claramente cada entrega dineraria con su puño y letra, tanto en la resolución administrativa como en el pago- omitiendo el control que hubiera permitido, ante los incumplimientos que evidentemente fueron factor común en estas producciones, no liberar la suma que se solicitaba, o restar lo observado de lo que se iba a entregar, o inclusive y si fuera ostensible el desvío en cuestión, dar por terminado el convenio inmediatamente y pedir la restitución de los montos entregados”.

En la resolución se explicó que “justamente aquí se ha visto cómo los presidentes del Incaa fueron firmando convenios, liberando cuotas sin comprobar la aplicación de los gastos por parte de los coproductores y, por fin, procurar enjugar el descontrol puesto de manifiesto no solamente no haciendo nada de lo previsto por el propio convenio para recuperar lo indebidamente rendido, sino que la última en esa cadena asumió como un ‘activo cultural’ lo que en realidad era una pérdida generada a partir de la propia renuncia a recuperar las sumas de dinero a las que el Incaa era acreedor”.