Se oficializa la estafa a los jubilados

Si la Anses carece de dinero para pagar lo que debe por ley, como dijo su titular, es porque el Gobierno se lo apropió.

Sin vueltas ni pelos en la lengua, el director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, informó a la Corte Suprema de Justicia que su organismo no puede cumplir con la sentencia de ese tribunal, que obliga a actualizar los haberes de todos los jubilados y, por lo tanto, no pagará automáticamente la movilidad reconocida en varios fallos del máximo tribunal.

Bossio lo expresó durante una exposición que efectuó ante los ministros de la Corte en la que, además, sostuvo que para el corriente año la Anses sólo autorizó a cancelar en efectivo sentencias por un máximo de 2.400 millones de pesos, suma equivalente a poco menos del dos por ciento de los 137.000 millones que gasta en el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios.

A partir del fallo Badaro, que reconoció la movilidad de haberes por el período de 2002 a 2006, y debido a la negativa de la Anses a actualizar las jubilaciones, 297.500 jubilados se vieron forzados a recurrir a abogados para demandar ante la Justicia al organismo con el propósito de poder cobrar, luego de largos y tortuosos procesos, la suma que les corresponde tras una vida de aportes.

Sin embargo, la estafa a los jubilados instrumentada por el Gobierno continuó, pues la Anses sólo se allanó a cumplir con las sentencias en 22.000 casos, es decir, en menos del diez por ciento. Ante la Corte, Bossio intentó explicar esa actitud aduciendo que el resto de las presentaciones no constituían aplicaciones puras del fallo Badaro porque se referían a otras fechas de actualización.

Pero incluso cuando los jubilados logran en los tribunales una sentencia favorable, la Anses la apela ante la cámara correspondiente y hay casos en que los jubilados que también alcanzaron un fallo favorable en la segunda instancia no logran que el organismo acate esas sentencias firmes.

De esa forma, la Anses incurre una y otra vez en un doble incumplimiento: por un lado, con la Justicia -que abarca desde la Corte hasta los tribunales inferiores- y por el otro, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante la que se ha comprometido, precisamente, a no recurrir los fallos en favor de los jubilados. Ese incumplimiento es coherente con la actitud de un gobierno que vetó la ley que establecía el 82 por ciento móvil tan esperado por sus destinatarios.

En la justicia previsional se acumulan ya más de 470.000 demandas, que aumentan a razón de varios miles por mes. Esta situación despertó la lógica preocupación de la Corte, la consecuente explicación del director del organismo Diego Bossio y la decisión de ambas partes de constituir una comisión de trabajo para analizar el problema en profundidad.

Pero ese problema no es tanto económico sino eminentemente político y entraña una verdadera estafa a los jubilados, pues la imposibilidad de la Anses para cumplir con su obligación con los ex aportantes al sistema radica en que el Gobierno lo ha transformado en una caja para financiar planes sociales, créditos baratos para empresas y compra de bonos para cubrir el déficit del Tesoro. En una palabra, ha desnaturalizado la función del organismo a costa de los ingresos de los jubilados, justamente un sector de nuestra sociedad enormemente vulnerable en su salud y también en su capacidad emocional.

A su vez, para poder llevar a cabo la estafa, el Gobierno desobedece los fallos judiciales e incumple su compromiso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Si se limitara a dar cumplimiento a su cometido y sólo pagara las jubilaciones, la Anses tendría un superávit operativo. Es en el vergonzoso desvío de sus fondos con fines eminentemente proselitistas donde radica esta estafa de dimensiones miserables con la que el Estado intenta aprovecharse del poco margen de vida que les resta a quienes obliga a pleitear durante años para cobrar, si tienen suerte, lo que por ley les corresponde.

La Corte Suprema y el Congreso deberían poner fin a esta estafa que Bossio ha oficializado sin reparar en sus tristes consecuencias.



Fuente: La Nación